RESEÑA HISTÓRICA DE LAS RESIDENCIAS DOMINGO SALAZAR
Para la década de los años 1970 el problema del gran déficit de
viviendas estudiantiles en la ciudad de Mérida se profundizó, debido al
incremento de estudiantes que venían de todo el país, generando fuertes
presiones por parte de los estudiantes hacia las autoridades universitarias y
al gobierno nacional, mediante intensas protestas donde acusaban a dichas
autoridades de no aplicar una efectiva política habitacional en pro de resolver
la carencia de el alojamientos para el gran número de bachilleres que venían de todo
el país a la Universidad.
Como una primera salida al problema de la vivienda estudiantil se
iniciaron las gestiones para concretar las posibles soluciones por medio de
acuerdos entre el Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI)- Universidad de Los Andes (ULA) y
la Federación
de Centros Universitarios (FCU).
Para el año 1975 el diario El Vigilante publica un artículo que
hace referencia al problema ocasionado en la ciudad en el que se expone que
“Con la adquisición de 190 viviendas en la Urbanización “Albarregas”
en Mérida, el gobierno nacional a través del Instituto Nacional de Viviendas da
inicio a un extenso programa de residencias estudiantiles en diversas
universidades del país”[1].
Sin embargo, los universitarios “señalan como binomio responsable
de la aguda crisis de la vivienda a las autoridades universitarias y al
gobierno, pues personeros del sector oficial están al tanto de la situación y
en más de una oportunidad también han hecho promesas sin cumplir en el tiempo”[2].
El convenio INAVI-ULA-FCU se llevó a cabo exitosamente, pero en el
momento de hacer los trámites para la entrega de los apartamentos, los mismos
fueron invadidos por los estudiantes, quienes se negaban a pagar algún tipo de
arrendamiento y de servicio. “… cuando se estaba buscando una solución al
problema de la vivienda estudiantil, y se estaba conversando con la Federación de Centros
en Mérida, los estudiantes invadieron las residencias Albarregas, la ocuparon
violentamente y la mayoría se niega a pagar la mensualidad”[3].
No obstante, aunque estas residencias fueron destinadas para
aliviar el déficit de vivienda estudiantil, no cumplieron con el objetivo
prometido al se invadidas, razón por la cual se reinician las conversaciones
entre el gobierno, las autoridades universitarias y el sector privado. Fue
difícil llegar a acuerdo alguno por el problema presentado con las Residencias
Albarregas pues la compañía Construcciones Residenciales Estudiantiles Barregal
Sociedad Anónima (CREBSA) temía que ocurriera lo mismo con estas nuevas
edificaciones, sin embargo, a pesar de este inconveniente se retomaron las
negociaciones para la construcción de una nueva residencia estudiantil.
En uno de los convenios de INAVI-ULA-FCU se reseña “que como
consecuencia de esta toma de las edificaciones, más la negativa a pagar,
ninguna institución financiera del país ni pública ni privada quiere financiar
proyectos de este tipo, puesto que no se garantiza la recuperación de la misma”[4].
Al final de tantas reuniones y conversaciones se llegaron a
concretar algunos convenios:
“De acuerdo con el punto quinto del
documento suscrito el cuatro de noviembre de 1978 por el Presidente de la República , el Rector de la Universidad de Los Andes,
el Presidente del Banco de los Trabajadores y el Presidente de la Federación de Centros
Universitarios, la universidad se obliga con la Administradora a lo
siguiente:
1.- Designar un Auditor independiente
de la Compañía
Administradora , con el propósito de conocer periódicamente el
funcionamiento contable y administrativo.
2.- No dar inscripción a los
estudiantes que no presenten solvencia de pago, expedida por la Administradora.
3.- Solicitar la solvencia expedida
por la Administradora ,
para los efectos de grado.
4.- Aportar a la Administradora una
suma mensual equivalente al 50% de los gastos de Administración, la cual no
podrá exceder de Bs. 35.000,00 mensuales”.
Antes de que se realizaran las
negociaciones con el Banco de los Trabajadores, la Universidad ofreció a la Federación de Centros
colaborar por medio de estudios socio-económicos de los estudiantes que habían
llenado solicitudes de vivienda.
La colaboración de la Organización de
Bienestar Estudiantil (OBE) se reducirá a estudiar cada caso y enviar a la Administradora los
nombres de los estudiantes que, además de necesitar vivienda, pudieran pagar el
canon de arrendamiento, pero en todo caso, la decisión la tomaba la compañía
Administradora.
Las prioridades que tomó en cuenta
OBE para estudiar las solicitudes fueron las siguientes:
1.- Matrimonio con más de dos hijos.
2.- Matrimonio con un hijo.
3.- Matrimonio sin hijos, con la
cónyuge embarazada.
4.- Madres solteras.
5.- Matrimonios sin hijos.
6.- Estudiantes con hermanos
estudiando en la
Universidad.
7.- Estudiantes solteros.
Además se tomaba en consideración la
capacidad de pago, pues la administradora debía pagar mensualmente al Banco de
los Trabajadores la cuota de amortización del préstamo.
OBE recibió 694 planillas de
solicitud para las adjudicaciones de los dos primeros edificios que se
entregaron el 15 de noviembre.
De esas 694 solicitados OBE recomendó
109.
en la Adjudicación de los
dos bloques o apartamentos que se entregaron en febrero de 1979, OBE no tuvo
injerencia”[5].
Por medio de la
Federación de Centros Universitarios, la Residencia Barregal
pasó a llamarse Residencias Domingo Salazar, en honor al joven asesinado en el
año de 1969. Fue imposible encontrar un documento que así lo certifique y que
nos dé una fecha exacta, pero según el Historiador y actual profesor de la Facultad de Odontología
Pino Pascucci, quien fuera para la época integrante de la Federación de Centros
Universitarios, señala que fue aproximadamente en el año 1979.
Tomando como referencia los datos ofrecidos por Dilma Rondón en su
Trabajo de grado titulado “Caracterización de la agresión en las Residencias Estudiantiles
Universitarias Domingo Salazar Rojas, desde el punto de vista de la víctima
(durante el período mayo-junio de 2004)”, es a partir de 1985 que la Universidad de Los
Andes toma la administración total de las Residencias Domingo Salazar Rojas a
través de la Dirección
de Asuntos Estudiantiles (DAES). A
partir de este momento la
Universidad ha manejado la administración de las residencias
Domingo Salazar Rojas de una manera poca apropiada, debido a que el objetivo
que se había planteado de unas residencias estudiantiles que proporcionara a
los estudiantes de bajo nivel socioeconómico, unas condiciones propicias para
un pleno y sano desenvolvimiento
académico, no se ha cumplido, esto lo podemos constatar en que hasta los
momentos no ha aparecido una política de mantenimiento de la estructura de las
Residencias (colapso de todos los servicios como aguas servidas, agua potable,
alumbrado público, aseo urbano, seguridad, etc.).
Esta situación de abandono y violencia institucional continúa
vigente hoy, generada por las autoridades universitarias que nunca han tenido
interés en promover en los estudiantes que viven en las Residencias Domingo Salazar un sentido
de pertenencia que estimule a estos a cuidar y preservar las instalaciones, a respetar
el tiempo establecido para su permanencia en las residencias y dar la
oportunidad a otros estudiantes de bajo nivel económico a habitar estos
espacios. Además si las autoridades universitarias utilizaran el presupuesto
asignado para las Residencias Domingo
Salazar para ofrecer seguridad y atención integral a los estudiantes, los
niveles de violencia que se presentan hoy, no serían impedimento para el buen funcionamiento de las residencias.
La década de los años 90 transcurrió en las Residencias Domingo
Salazar entre la indiferencia de las autoridades y los problemas crónicos que
la habían venido menoscabando desde hacía mucho tiempo atrás. El deterioro de
la planta física de las residencias es notorio, pero el problema más grave es
la percepción que la comunidad universitaria y la merideña en general tenían y
tienen, de los habitantes de las Residencias Domingo Salazar, estudiantes o no.
Dichas residencias eran y son vistas
como un lugar propicio para el delito y sus habitantes son subvalorados y
descritos como delincuentes, vagos e individuos incapaces de emprender
actividades que produzcan un resultado provechoso.
Desde nuestro punto de
vista consideramos que el origen humilde de la mayoría los habitantes de estas residencias son el
principal fundamento para generar este juicio de valor en contra de los
residentes de la llamada Domingo Salazar.
El 22 de febrero de 1999, la Procuraduría Generalla República
de Venezuela, cumpliendo las instrucciones impartidas por el Ejecutivo
Nacional, por órgano del Ministerio de Finanzas declara la transferencia a
título de donación pura y simple, perfecta e irrevocable a la ULA :
“un inmueble constituido por una extensión de
terreno, el cual forma parte de la Hacienda
Santa12.780,95 M2 ), todo
conforme con los planes del proyecto que se encuentra en la Ingeniería Municipal.la
República de Venezuela, según documento autenticado ante la Notaría Pública
Décima Sexta del Municipio Libertador del Distrito Federal, en fecha 3 de
diciembre de 1999 anotado bajo Nº 19 tomo Proc H de los libros de Autenticaciones
llevados por esa Notaría y que será protocolizado con anterioridad a la
presente escritura en la
Oficina Subalterna de Registro del Municipio Libertador del
Estado Mérida. En consecuencia, en nombre de la República de Venezuela,
transmito a la Universidad
de Los Andes, libre de todo gravamen y sin condición alguna, la propiedad,
dominio y posesión del inmueble descrito y obligo a mi representada al
saneamiento en conformidad con la Ley.
Quedanla
Universidad de Los Andes, por medio del presente documento
declaro: En nombre de la
Universidad de Los Andes, acepto para su patrimonio el inmueble
que le transfiere a título de donación por el presente documento. Este
instrumento será autenticado por lo que respecta a la firma de JAVIER
ELECHIGUERRA NARANJO en una Notaría de la ciudad de Caracas y posteriormente
será protocolizado ante la Oficina
Subalternala Ley Orgánicala Hacienda Públicala Ley Orgánicala Procuraduría Generalla República
y 137 de la Ley
de Registro Público. A la fecha de su presentación.” [6]
Por otra parte, para el 15 de abril de 1999 el Consejo
Universitario de la ULA ,
en la Resolución NLA
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES”, la cual “… es una fundación sin
fines de lucro y que tendrá por objeto administrar las Residencias
Estudiantiles Domingo Salazar Rojas de la ULA , destinadas a los estudiantes de pregrado y
todo aquello que tenga relación con este mismo objetivo…”[7]
A pesar de la creación de esta Fundación, en el transcurso de la
primera década del siglo XXI el padecimiento de las Residencias Domingo Salazar
Rojas se ha profundizado, aunque sus
habitantes se han organizado a través de la creación de un Consejo Comunal, el
18 de enero de 2008, para solventar una serie de problemas y elaborar proyectos
que activen programas de autogestión que financiaría trabajos de reparación de
los edificios y que permitiría generar pequeñas empresas como el proyecto de
una manufacturera que próximamente
funcionará en las instalaciones de la Domingo Salazarla Universidad asuma el
compromiso de invertir recursos en la resolución de graves problemas
existentes, como es la falta de un servicio que resuelva la acumulación de
desechos sólidos generadores de una gran cantidad de enfermedades, que atacan a
todos los que habitan en el Conjunto Residencial.
Hoy el panorama se vislumbra esperanzador, debido a la
organización estudiantil que se ha activado para devolverle la dignidad que
desde hace mucho tiempo las autoridades universitarias le han negado; pero hoy
más que nunca esperamos que la universidad lejos de apartarse de su
responsabilidad, asuma el compromiso que le corresponde y ofrezca bienestar a
través de la inversión de recursos económicos que permitan resolver los graves
problemas que aquejan actualmente a este sector de la ciudad.
Ya es hora de que las Residencias dejen de ser el lado oscuro de
la universidad.
La década de 1960 significó para el devenir histórico de Venezuela
un período de continuas e intensas convulsiones socio-políticas. Cuya
comprensión enmarcamos en dos hechos históricos muy importantes para el país:
uno es el derrocamiento de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez que propició
el inicio del período de la llamada “democracia representativa” que desde un
primer momento se compromete con el modelo ideológico capitalista
estadounidense, hecho que se ve materializado por el famoso “Pacto de Punto
Fijo” en el que los principales partidos políticos de ese momento (Acción
Democrática AD, Comité de Organización
Política Electoral Independiente COPEI y Unión Republicana
Democrática URD) consolidan un sistema político aparentemente democrático pero
que estaba aliado con las elites económicas venezolanas.
El segundo hecho que tiene trascendencia en el desarrollo de este
período histórico es la revolución cubana, liderizada por Fidel Castro quien llega
al poder en la isla antillana y su ejemplo de lucha armada y planteamientos
ideológicos marxistas opuestos a la maquinaria capitalista norteamericana, se
disemina por los países latinoamericanos constituyéndose en una fuente
ideológica para los sectores que se oponían en un primer momento a la dictadura
de Pérez Jiménez y luego a los gobiernos
generadores del “Pacto de Punto Fijo”, que lejos de eliminar las desigualdades
sociales y económicas que habían venido sufriendo los sectores oprimidos que
históricamente han representado la mayoría de la sociedad venezolana, fueron
acentuadas a favor de los intereses de los sectores tradicionalmente ricos y
que desde siempre han obedecido a los intereses de potencias extranjeras.
La rápida asimilación de la experiencia cubana por parte de los
sectores de izquierda venezolanos permitió nutrir y fortalecer ideológicamente
a los sectores que se oponían a las políticas que se desarrollaban en el país.
Esta situación permitió cohesionar un movimiento con una alta conciencia
política y social que entendió a todas luces el gran compromiso que tenían de
transformar el futuro de los sectores invisibilizados por el sistema imperante
desde el comienzo de nuestra historia republicana.
Los mecanismos altamente represivos utilizados por los
gobiernos “democráticos” contribuyeron a la formación de diferentes modalidades
de resistencia. Una de estas fue la
lucha armada, en la que participaron personas de todos los sectores de la
sociedad venezolana con perspectivas de poder para darle un nuevo rumbo al país
a través de un proceso de inclusión social. La otra modalidad de resistencia
fue la activación del movimiento estudiantil organizado de la izquierda
venezolana, caracterizado por tener un gran conocimiento de la realidad política
y social venezolana, perspectiva que permitió establecer una posición bastante
firme y coherente para oponerse al orden establecido dentro y fuera de las universidades.
En 1969 el gobierno de Rafael Caldera plantea una reforma a la ley
de Universidades que tenía como objetivo la eliminación de la autonomía
universitaria. Este intento pretendía hacer desaparecer un espacio para el
debate de las ideas conquistado por el movimiento estudiantil. Esta amenaza
contra las universidades obligó a los estudiantes a salir a las calles a
protestar. Como respuesta el gobierno aplicó una brutal represión que trajo
como resultado la muerte de muchos estudiantes, entre ellos el bachiller José
Domingo Salazar Rojas, joven con gran claridad política y sensibilidad social.
Después de estos sucesos el movimiento estudiantil logra impedir la eliminación
de la autonomía universitaria pero a costa de un alto precio en vidas humanas.
A partir de estas luchas el movimiento estudiantil obtiene muchas reivindicaciones,
entre ellas una que era de vital importancia para el bienestar estudiantil, las
residencias Domingo Salazar, destinadas a solucionar el grave déficit
habitacional que había en la ciudad de Mérida y que perjudicaba a los
estudiantes más desfavorecidos económicamente y que mayoritariamente venían de otras
regiones del país.
Aunque con el devenir del tiempo la Universidad de Los
Andes no ha desarrollado políticas serias y consecuentes con la preservación de
las residencias Domingo Salazar y con el bienestar de los estudiantes que allí
habitan, estas sobreviven hoy a duras penas luchando contra la indiferencia de
las autoridades universitarias, una burocracia incapaz de resolver los
problemas crónicos que padecen estas
instalaciones y la estigmatización de sus habitantes por parte de la comunidad
universitaria y la sociedad merideña.
Autores.
Huiza O. Zulemmy C.
Jiménez M. Yeritza A.
Molina R. Carlos H.
Mora M. Yuliana.
Estudiantes del Servicio Comunitario.
Mérida 2009.
[1] “Extenso programa para dotar de viviendas a estudiantes”. El Vigilante. Mérida, 1 de noviembre de
1975. p.8.
[2] “Estudiantes de la
ULA denuncian como crítica situación de la vivienda”. El Vigilante. Mérida, 10 de septiembre
de 1977. p. 1.
[3] “Resultado de la reunión celebrada en Caracas con el Presidente
de INAVI [1977]”, Archivo Histórico de la Universidad de Los
Andes, (Mérida-Venezuela), Acta Convenio
INAVI-ULA-FCU, Carpeta OBE. Vagón 14B.
[4] Ibidem.
[5] “Sobre la situación del Conjunto Residencial Barregal [1979]”,
AHULA, (Mérida-Venezuela), Acta Convenio
INAVI-ULA-FCU, Carpeta OBE. Vagón 14B.
[6] “Traspaso del inmueble del gobierno a la Universidad de Los
Andes [1999]”, Archivo de la
Coordinación de las Residencias Domingo Salazar Rojas
(Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de Los
Andes Mérida -Venezuela)
[7] “Fundación residencias estudiantiles Domingo Salazar Rojas
FUNDARECIULA, de la
Universidad de Los Andes [1999]”, Archivo de la Coordinación de las
Residencias Domingo Salazar Rojas (Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de Los
Andes Mérida -Venezuela)
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